AMNISTIA INTERNACIONAL OCTUBRE 2020.
iran
Irán: Latigazos, abusos sexuales y descargas eléctricas a personas
detenidas en la terrible represión que siguió a las manifestaciones
(nuevo informe)
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Actos de tortura
generalizados, que incluyen palizas, latigazos, descargas
eléctricas, posturas en tensión, simulacros de ejecución,
simulacros de ahogamiento, violencia sexual, administración forzosa
de sustancias químicas y privación de atención médica
-
Cientos de personas sometidas
a juicios manifiestamente injustos por cargos infundados
relacionados con la seguridad nacional
-
Condenas a muerte basadas en “confesiones” obtenidas
mediante tortura
Con la complicidad de jueces y fiscales, la policía, los
servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y los
funcionarios de prisiones iraníes han cometido una larga lista de
escandalosas violaciones de derechos humanos, que incluyen
detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros
malos tratos contra personas detenidas en relación con las
manifestaciones que barrieron el país en noviembre de 2019. Así lo
ha afirmado Amnistía Internacional en un condenatorio informe
publicado hoy.
En los días que siguieron a las manifestaciones masivas,
los vídeos que mostraban a las fuerzas de seguridad iraní matando e
hiriendo a manifestantes y transeúntes desarmados conmocionaron al
mundo. Mucho menos visible ha sido el repertorio de crueldad contra
las personas detenidas y sus familias perpetrado por las autoridades
iraníes lejos del escrutinio público.
El informe, titulado Trampled
Humanity:
Mass
arrests, disappearances and torture since Iran’s 2019 November
protests, documenta los angustiosos relatos de decenas de
manifestantes, transeúntes y otras personas que fueron detenidas
violentamente, sometidas a desaparición forzada o recluidas en
régimen de incomunicación, desprovistas sistemáticamente de acceso
a asistencia jurídica durante los interrogatorios, y torturadas
reiteradamente para hacerlas “confesar”. Son los relatos de
algunas de las 7.000 personas (hombres, mujeres, niños y niñas)
detenidas por las autoridades iraníes en cuestión de días durante
su brutal represión de las manifestaciones.
Entre las víctimas hay niños y niñas de tan sólo 10 años,
manifestantes y transeúntes con heridas de bala que fueron detenidos
en los hospitales donde acudieron para recibir atención médica,
personas que defienden los derechos humanos, incluidos los derechos
de las minorías, periodistas y personas que participaron en
ceremonias en memoria de quienes habían muerto durante las
protestas. Desde entonces, cientos de personas han sido condenadas a
penas de prisión y flagelación y varias más a muerte, tras juicios
manifiestamente injustos presididos por jueces parciales y celebrados
a puerta cerrada, que normalmente duraban menos de una hora y que se
basaban sistemáticamente en “confesiones” obtenidas mediante
tortura.
“En los días que siguieron a las manifestaciones masivas, los
vídeos que mostraban a las fuerzas de seguridad iraní matando e
hiriendo a manifestantes y transeúntes desarmados conmocionaron al
mundo. Mucho menos visible ha sido el repertorio de crueldad contra
las personas detenidas y sus familias perpetrado por las autoridades
iraníes lejos del escrutinio público”, ha afirmado Diana
Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para
Oriente Medio y el Norte de África.
“En lugar de investigar las denuncias de desaparición forzada,
tortura y otros malos tratos y otros delitos cometidos contras las
personas detenidas, los fiscales de Irán se convirtieron en
cómplices de la campaña de represión al presentar cargos
relacionados con la seguridad nacional contra cientos de personas
únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión pacífica, mientras los jueces imponían
sentencias condenatorias basadas en confesionesobtenidas mediante
tortura. Esta interminable sucesión de delitos y violaciones de
derechos, cometidos con total impunidad, ha venido acompañada de una
ola de ‘confesiones’ forzadas televisadas en vídeos
propagandísticos oficiales y declaraciones grotescas de altos cargos
que elogiaban a los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad
calificándolos de héroes por su papel en la brutal represión.”
Amnistía Internacional ha registrado los nombres y datos de más
de 500 manifestantes y otras personas, entre ellas periodistas y
personas que defienden los derechos humanos, a quienes se ha sometido
a procesos penales injustos en relación con las manifestaciones.
Las penas de prisión impuestas a las personas condenadas oscilan
entre un mes y 10 años de cárcel, por cargos vagos o falsos
relacionados con la seguridad nacional, como “reunión y colusión
para cometer delitos contra la seguridad nacional”, “difundir
propaganda contra el sistema”, “alteración del orden público”
e “insultos al Líder Supremo”.
De las personas condenadas, al menos tres, Amirhossein Moradi,
Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi, fueron condenados a muerte por
“enemistad con Dios” (moharebeh) por actos de vandalismo, y otro
hombre, Hossein Reyhani, está en espera de juicio por un delito
punible con la muerte.
En lugar de investigar las denuncias de desaparición
forzada, tortura y otros malos tratos y otros delitos cometidos
contras las personas detenidas, los fiscales de Irán se convirtieron
en cómplices de la campaña de represión al presentar cargos
relacionados con la seguridad nacional contra cientos de personas
únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión pacífica, mientras los jueces imponían
sentencias condenatorias basadas en confesiones obtenidas mediante
tortura.
Amnistía Internacional tiene constancia de más de una decena de
casos en los que se han impuesto penas de flagelación además de las
penas de cárcel y, en al menos dos casos, las penas de flagelación
se han ejecutado.
La organización cree que el número real de personas procesadas y
condenadas en relación con las manifestaciones de noviembre de 2019
es mucho mayor, dada la gran cantidad de detenciones y los patrones
de encausamiento e imposición de penas observados en el país en los
casos de detención arbitraria en los que intervienen los órganos de
inteligencia y seguridad.
Amnistía Internacional insta a los Estados miembros del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a abordar la impunidad
prolongada y sistemática por graves violaciones de derechos humanos
en Irán y, entre otras medidas, apoyar el establecimiento de una
investigación dirigida por la ONU cuyo objetivo sea garantizar la
rendición de cuentas y la no repetición de estos hechos.
La organización insta también a todos los Estados miembros de la
ONU a pedir enérgicamente a las autoridades iraníes que pongan en
libertad inmediata e incondicional a todas las personas que continúan
encarceladas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de
expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las
manifestaciones de noviembre de 2019; los Estados también deben
pedir a las autoridades de Irán que anulen todas las sentencias
condenatorias dictadas en juicios injustos, incluidas las basadas en
declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, y que
hagan rendir cuentas a los responsables.
Epidemia de torturas
La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que
hubo un uso generalizado de la tortura y otros malos tratos por parte
de la policía, los servicios de inteligencia y de seguridad y los
funcionarios de prisiones contra hombres, mujeres, niños y niñas,
tanto en el momento de la detención como durante la reclusión.
La fiscalía y las autoridades judiciales no cumplieron con su
obligación legal de llevar a cabo inspecciones independientes e
imparciales de los centros de detención, incluidos los dirigidos por
los cuerpos de inteligencia y de seguridad; tampoco cumplieron con su
obligación de garantizar el respeto de las disposiciones legales que
prohíben el uso de centros secretos de detención, así como la
tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas.
Se utilizó la tortura para castigar, intimidar y humillar a las
personas detenidas. También se utilizó de forma habitual para
extraer “confesiones” y declaraciones incriminatorias, no sólo
sobre su participación en las protestas, sino también sobre su
presunta relación con grupos de la oposición, defensores y
defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación de fuera
de Irán y gobiernos extranjeros.
Según la investigación llevada a cabo por la organización, con
frecuencia a las víctimas las encapuchaban o les vendaban los ojos,
les daban puñetazos, patadas y latigazos, las golpeaban con palos,
mangueras de goma, cuchillos, porras y cables, las colgaban de
ganchos o las obligaban a permanecer en dolorosas posturas en tensión
durante periodos prolongados, las privaban de alimentos suficientes y
de agua potable, las recluían en régimen de aislamiento prolongado,
a veces durante semanas o incluso meses, y les negaban la atención
médica por heridas recibidas durante las protestas o a causa de las
torturas.
Otros métodos documentados de tortura consistían en desnudar a
las personas detenidas y mojarlas con agua fría, someterlas a
temperaturas extremas y a bombardeos de luz o acústicos, arrancarles
las uñas de las manos y los pies, rociarlas con aerosoles de
pimienta, administrarles forzosamente sustancias químicas,
aplicarles descargas eléctricas, someterlas a simulacros de
ahogamiento y realizar simulacros de ejecución.
Esta interminable sucesión de delitos y violaciones de
derechos, cometidos con total impunidad, ha venido acompañada de una
ola de ‘confesiones’ forzadas televisadas en vídeos
propagandísticos oficiales y declaraciones grotescas de altos cargos
que elogiaban a los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad
calificándolos de héroes por su papel en la brutal represión.
Además, según la información recibida por Amnistía
Internacional de fuentes primarias, las personas encargadas de los
interrogatorios y los funcionarios de prisiones cometieron actos de
violencia sexual contra detenidos varones; entre otras cosas, los
obligaron a desnudarse, les dirigieron insultos de carácter sexual,
les rociaron con aerosoles de pimienta en la zona genital y les
aplicaron descargas eléctricas en los testículos.
Una víctima de la provincia de Jorasán Razaví que fue sometida
a simulacros de ahogamiento explicó a Amnistía Internacional:
“[Mis interrogadores] mojaban una toalla con agua y me la ponían
en la cara. Después vertían agua lentamente sobre la toalla, para
hacerme sentir que me ahogaba [...] entonces se detenían [...] hasta
que me empezaba a encontrar mejor y entonces empezaban con la misma
tortura otra vez. También me dieron puñetazos y patadas, y me
flagelaron las plantas de los pies con un cable”.
Un hombre al que aplicaron descargas eléctricas relató:
“Las descargas eléctricas fueron la peor forma de tortura [...]
Sentía como si me clavaran millones de agujas en todo el cuerpo. Si
me negaba a responder a sus preguntas, subían el voltaje y me daban
descargas más fuertes. Yo sufría violentas sacudidas y sentía una
intensa quemazón en todo el cuerpo [...] La tortura me ha dejado
secuelas duraderas de salud física y metal. A día de hoy, todavía
no puedo dormir por las noches”.
Una víctima de la provincia de Teherán, que estuvo colgada de un
palo por las manos y los pies en una postura dolorosa, en un método
que sus interrogadores denominaban “kebab de pollo”, explicó a
la organización:
“El dolor era terrible. Sentía tanta presión y tanto dolor en
el cuerpo que me orinaba encima […] Mi familia sabe que me han
torturado, pero no sabe cómo. La angustia me consume, porque aquí
no hay nadie con quien pueda hablar”.
En todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las
víctimas denunciaron diversas formas de tortura psicológica
destinadas a hacerlas “confesar”, como el uso de insultos
degradantes y obscenidades, intimidación y acoso a los miembros de
sus familias, amenazas de detener, torturar, matar o dañar de otro
modo a sus familiares, entre ellos padres de avanzada edad o
cónyuges, y amenazas de violaciones a las personas detenidas o a las
mujeres de su familia.
Desapariciones forzadas
La investigación de Amnistía Internacional ha revelado que
muchas personas detenidas fueron sometidas a desaparición forzada
durante semanas o incluso meses en que estuvieron recluidas en
lugares desconocidos dirigidos por los servicios de inteligencia y
cuerpos de seguridad, entre ellos, el Ministerio de Inteligencia o la
Guardia Revolucionaria. Otras personas detenidas estuvieron recluidas
en prisiones o comisarías de policía, cuarteles militares, recintos
deportivos y escuelas, todos ellos masificados.
Las angustiadas familias contaron a la organización que visitaron
hospitales, morgues, comisarías de policía, oficinas de la
fiscalía, juzgados, prisiones y otros centros de detención
conocidos para preguntar por la suerte o el paradero de sus seres
queridos, pero las autoridades se negaron a facilitarles información
y amenazaron con detenerlas si continuaban buscando información o
hablando en público de las personas desaparecidas.
En uno de los casos documentados por Amnistía Internacional, las
autoridades detuvieron a un familiar de dos personas que habían sido
sometidas a desaparición forzada por preguntar por la suerte y el
paradero de sus seres queridos.
Amnistía Internacional tiene conocimiento de tres casos abiertos
de desaparición forzada en los que las autoridades continúan
ocultando la suerte y el paradero de las personas desaparecidas a sus
familiares. Entre estas personas desaparecidas se encuentran los
hermanos Mehdi Roodbarian y Mostafa Roodbarian de Mahshahr, en la
provincia de Juzestán.
Metodología
La investigación llevada a cabo por la organización ha incluido
entrevistas en profundidad con 60 víctimas de detención arbitraria,
desaparición forzada, tortura y otros malos tratos o con sus
familiares o conocidos cercanos; ha incluido también entrevistas con
dos manifestantes que vivían escondidos y con otras 14 personas que
tenían información, así como información recibida por escrito de
varios cientos de personas más en el país, y análisis de imágenes
de vídeo, declaraciones oficiales y documentos judiciales.